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Imputan a seis altos cargos del Hospital Sant Pau de Barcelona por presuntos "contratos ficticios"

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

El titular del Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona, Juan Emilio Vilá, ha imputado por presunta malversación de fondos a seis altos cargos del Hospital Sant Pau de Barcelona, entre los que se encuentran los exaltos cargos del Ayuntamiento y la Generalitat José Ignacio Cuervo y exalto cargo del Gobierno central Ricard Gutiérrez denunciados por una trabajadora del hospital por recibir el sueldo de un directivo sin ejercer tales funciones.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez comunica la imputación de los dos citados cargos y de los exgerentes del centro Joaquim Esperalba y Jordi Varela --que ya había sido citado a declarar--, exdirectiva del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) y contratada en el Sant Pau como facultativo colaborador Mercè Cruells y el exdirector de Recursos Humanos Felipe Carbajo, que sigue vinculado con el centro.

El juez investiga trata de verificar que la prestación laboral de los contratos de Cuervo, Gutiérrez y Cruells se corresponden con la realidad, y también decide imputar a los exdirectores de la fundación de gestión y al exdirector de Recursos Humanos por presunta vinculación con la firma.

"La verificación se abre a dos posibilidades, una que la contraprestación laboral existiera y otra que no fuera así, y se tratara de un contrato ficticio, que supusiera un lucro indebido para el que aparece como prestador del servicio y el correlativo perjucio para la entidad que consta como empleadora", señala el juez en el auto.

La médica y actual presidenta del Comité de Empresa, Carme Pérez, denunció en mayo a dos altos cargos del centro por consentir una "arquitectura fraudulenta" entre las distintas fundaciones del hospital, al que acusan de pagar nóminas e indemnizaciones irregulares a exaltos cargos públicos y patronos.

En la denuncia, acusaba al exdelegado de la Generalitat en Madrid en el último gobierno tripartito, José Ignacio Cuervo, patrono de la fundación de investigación del centro, de percibir retribuciones económicas, pese a que "no se conoce el trabajo encomendado ni tampoco la posible adscripción departamental o ubicación física donde lo realiza".

Según el texto, Cuervo percibía 4.160 euros mensuales abonados contra presentación de factura sin conocimiento del personal de trabajos para el proyecto de los edificios de investigación, así como con el desconocimiento de su asesoramiento.

Pérez también criticaba el pago durante siete años a Gutiérrez, presunto exdirectivo "inexistente" del hospital que había sido subdirector general del Insalud y exdirector del Ministerio de Sanidad en gobiernos del PSOE.

En las elecciones sindicales convocadas para 2011, los trabajadores descubrieron que Gutiérrez aún figuraba en los boletines de la Seguridad Social, en la categoría de gerente adjunto y con una antigüedad de diez años percibía un importe anual de 158.569 euros.

Por su parte, Mercè Cruells era jefa de la División de Atención Ciudadana del CatSalut en los mandatos de la exconsellera de Salud Marina Geli, y posteriormente fue contratada en el Hospital Sant Pau como facultativa colaboradora, aunque la denuncia la acusa de cobrar un sueldo superior al de un médico especializado, pese a que supuestamente no ejercía tal función, según el texto.


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Urdangarin alega que los contratos eran correctos para evitar la fianza

MADRID (Reuters) - El yerno del rey de España, Iñaki Urdangarin, investigado judicialmente en un caso de corrupción, sostiene que los contratos que firmó su fundación con diferentes administraciones públicas fueron correctos y que no cometió delito alguno, de acuerdo con un escrito presentado para evitar el pago de una fianza millonaria que fue citado por medios.

Mario Pascual Vives, abogado de Urdangarin, presentó el martes el escrito de alegaciones en el que se opone a la fianza de casi 8,2 millones de euros que exige la Fiscalía al duque de Palma y a su socio y sobre la que decidirá en los próximos días el juez de Palma de Mallorca que investiga el caso.

En el documento se dice que las contrataciones realizadas por el Instituto Nóos que presidía Urdangarin fueron correctas y que su cliente no ocupaba más que una mera "función representativa" en la institución - acusada de desviar fraudulentamente hasta casi seis millones recibidos de los gobiernos balear y valenciano entre 2004 y 2007 -, según declaraciones de Pascual Vives a medios citadas por el diario El Mundo.

Una portavoz del despacho del abogado dijo a Reuters que de momento no estaba disponible para hacer comentarios.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado imponer una fianza de 8,18 millones de euros de responsabilidad civil pecuniaria a Urdangarin y su socio, Diego Torres, imputado en el mismo caso, para cubrir posibles responsabilidades económicas derivadas de la causa.

Pascual Vives se mostró confiado en que el juez que instruye el caso rechace la fianza que solicita en la misma cuantía la acusación particular, representada por el sindicato Manos Limpias, agregaron las noticias.

La imputación de Urdangarin por corrupción ha sido uno de los reveses más importantes que ha sufrido la Casa Real en los últimos años y que han llevado a un considerable descenso de la popularidad de la monarquía en un país agobiado por la crisis económica.


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Urdangarin alega que los contratos eran correctos para evitar la fianza

MADRID (Reuters) - El yerno del rey de España, Iñaki Urdangarin, investigado judicialmente en un caso de corrupción, sostiene que los contratos que firmó su fundación con diferentes administraciones públicas fueron correctos y que no cometió delito alguno, de acuerdo con un escrito presentado para evitar el pago de una fianza millonaria que fue citado por medios.

Mario Pascual Vives, abogado de Urdangarin, presentó el martes el escrito de alegaciones en el que se opone a la fianza de casi 8,2 millones de euros que exige la Fiscalía al duque de Palma y a su socio y sobre la que decidirá en los próximos días el juez de Palma de Mallorca que investiga el caso.

En el documento se dice que las contrataciones realizadas por el Instituto Nóos que presidía Urdangarin fueron correctas y que su cliente no ocupaba más que una mera "función representativa" en la institución - acusada de desviar fraudulentamente hasta casi seis millones recibidos de los gobiernos balear y valenciano entre 2004 y 2007 -, según declaraciones de Pascual Vives a medios citadas por el diario El Mundo.

Una portavoz del despacho del abogado dijo a Reuters que de momento no estaba disponible para hacer comentarios.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado imponer una fianza de 8,18 millones de euros de responsabilidad civil pecuniaria a Urdangarin y su socio, Diego Torres, imputado en el mismo caso, para cubrir posibles responsabilidades económicas derivadas de la causa.

Pascual Vives se mostró confiado en que el juez que instruye el caso rechace la fianza que solicita en la misma cuantía la acusación particular, representada por el sindicato Manos Limpias, agregaron las noticias.

La imputación de Urdangarin por corrupción ha sido uno de los reveses más importantes que ha sufrido la Casa Real en los últimos años y que han llevado a un considerable descenso de la popularidad de la monarquía en un país agobiado por la crisis económica.


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