En El Mesón, un pequeño poblado del sur de México, un murmullo de voces indignadas recorrió la plaza principal repleta de personas cuando un hombre fue acusado esta semana de homicida y "descuartizador" tras haber sido detenido por policías comunitarios, que decidieron defenderse del crimen organizado.
Un total de 53 personas detenidas por los grupos de autodefensa fueron presentadas el jueves ante un tribunal popular que se instaló en una plaza pública.
Estos grupos, integrados por cerca de 1.000 campesinos e indígenas, tomaron escopetas y machetes y salieron con el rostro cubierto a defender a sus comunidades.
La movilización empezó el 6 de enero pasado en el municipio de Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero (sur), y se ha extendido a otros seis municipios de la montaña de esa demaración.
"Las instancias oficiales no han respondido, el pueblo ha restablecido el Estado de derecho", explicó Mario Campos, un sacerdote que trabaja hace años con comunidades de este tipo, durante la instalación del tribunal, al que no asistió ninguna autoridad oficial.
Los detenidos, que empezarán a ser juzgados en febrero, estaban vigilados por cientos de miembros de la policía comunitaria armados con escopetas y con las caras tapadas. También bloquearon las entradas a la plaza, dispusieron dos puestos de inspección para los automóviles que entraban al pueblo y montaron grupos de vigilancia en el techo de la comisaría, donde están los detenidos.
Durante el juicio popular celebrado el jueves en El Mesón, una humilde comunidad ubicada en la cima de una montaña, los pobladores y familiares de los detenidos y de las víctimas siguieron con atención una a una las presentaciones de los acusados, la mayoría por delitos relacionados con el crimen organizado, incluidos el asesinato, secuestro, extorsión, venta y consumo de drogas.
Eusebio Alberto García, el comisario del poblado de Rancho Nuevo cuyo secuestro el 5 de enero fue el detonante de la formación de las policías comunitarias, explicó que le secuestraron por hablar con los ganaderos de su comunidad para convencerles de que no pagarán a un grupo del crimen organizado que, entre otras cosas, se dedica a extorsionar a la población.
"Andas aconsejando a la gente para que no pague la cuota, no quieren pagar 500 pesos [unos 39 dólares], ahora van a pagar más", le dijeron sus captores, que se vieron obligados a liberarlo al día siguiente del secuestro cuando los campesinos formaron las policías comunitarias e instalaron retenes en las carreteras de acceso a sus pueblos y empezaron a detener a personas señaladas por la gente como delincuentes.
Entre los 53 detenidos, a los que ellos llaman "resguardados", hay cuatro mujeres, dos menores de edad, y varios miembros de la familia de un hombre al que denominan "El Cholo", el jefe de la célula criminal que opera en Ayutla de los Libres, un municipio de unos 13.000 habitantes y donde empezó la movilización por la autodefensa.
"Hasta hace poco allá en mi pueblo dejaban papeletas con anónimos que decían: 'El que ande en la calle en la noche lo vamos a matar'", dice la AFP uno de los recién incorporados guardias armados, de 31 años, que antes se dedicaba a la siembra de maíz y ahora es escolta de un comandante la policía comunitaria.
Ayutla de los Libres era tierra de nadie, "pero ahora todo está más tranquilo, antes al anochecer ya no veías a nadie en la calle. La noche era para ellos [los delincuentes]", comenta por su parte Monserrat Martínez, una estudiante de belleza de 19 años, mientras toma un helado en una céntrica nevería de la localidad.
Aunque las policías comunitarias "no están regidas por normas y pudieran caer en asuntos no legales, Ayutla se ha mantenido en paz", dijo el apesadumbrado alcalde de la localidad, Severo Castro, quien una noche antes de que se instalara el tribunal se reunió con los líderes del movimiento y autoridades estatales para discutir la situación jurídica de los detenidos.
Según la fiscalía del estado, los grupos de autodefensa no están facultados para juzgar y sancionar, mientras que familiares de las personas retenidas presentaron denuncias penales.
Pero los representantes de las policías comunitarias dicen ampararse en las normas de usos y costumbres por las que se rigen los pueblos indígenas en varios estados de México, así como por el artículo 39 de la constitución que señala que "la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo" y por convenciones internacionales.
En el tribunal, un niño de 12 años, detenido y que actuó como testigo en el juicio, describió cómo un cabecilla local del crimen organizado lo estaba "entrenando para sicario".
El menor remató ante el tribunal, también con el rostro cubierto: "He visto como torturaba gente, como la mataba, como descuartizaba gente".
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