En una providencia fechada el pasado 9 de enero, a la que ha tenido acceso Efe, la juez Mariana Peregrina Blanco resuelve formular esta petición a la Delegación Provincial de la Agencia Tributaria en línea con lo solicitado por el fiscal.
Una decisión que se enmarca en las diligencias previas abiertas el 25 de octubre tras la denuncia interpuesta por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en relación a ese inmueble, ubicado en una urbanización de lujo de Marbella, en la denominada "milla de oro".
El SUP ya denunció con anterioridad posibles irregularidades en la compraventa del ático alquilado por González y su esposa y la Policía abrió una investigación, pero después la Fiscalía Anticorrupción la archivó por no ver indicios de delito.
Según la nueva denuncia del SUP, Pedro Javier Villate vendió en 2008 a través de una agencia inmobiliaria el citado ático y tres plazas de garaje a Coast Investor, por un importe de un millón de euros, aunque la compraventa no estaba inscrita en el Registro de la Propiedad por "tema de impuestos", según el vendedor.
"Al momento de la trasmisión", continua la denuncia, la esposa de González suscribió un contrato de arrendamiento del ático de larga duración, al parecer por 2.000 euros al mes, "muy inferior" a la media que se paga en la zona, unos "6.000 euros al mes" y pagados a una empresa "sin actividad".
El SUP aporta diferentes datos en su denuncia y llega a la conclusión de que la venta del ático "ha supuesto un trasvase de capital de dudoso origen" y de que la operación "ha sido ocultada deliberadamente ante la Hacienda Pública, Banco de España y otros tantos organismos de control de movimientos de capital".
Y todo ello "eludiendo el fisco ante el flagrante impago de impuestos. Y siendo disfrutada su posesión por González y su esposa por un precio muy inferior a los del mercado, siendo presuntamente abonado a una empresa sin actividad".
El SUP explica que, según algunas informaciones, Coast se creó en marzo de 2008 y quedó inactiva hasta el 19 de julio de 2010, fecha en la que es abandonada por su agente sin ser sustituido por ningún otro y, por tanto, sin funcionamiento ni actividad económica no representatividad alguna.
No obstante, el SUP asegura que "fue reactivada en marzo de 2012 tras las manifestaciones públicas" de González "de ser él quien abonaba el alquiler a dicha sociedad".
El sindicato subraya que Coast está inscrita en Delaware, estado que "permite la creación de empresas en mínimo tiempo, permitiendo su constitución que parece públicamente como socio y administrador, en tanto el beneficiario de la misma sea una tercera persona, como parecer que es el caso que nos ocupa".
La denuncia explica que, al parecer, la propietaria de Coast es la sociedad Waldford Oversead Investements, "titular de numerosas cuentas bancarias abiertas en el paraíso fiscal de Panamá con ciudadanos españoles como últimos beneficiarios".
En el auto de octubre, la juez de Estepona razona que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", si bien no están determinadas las "naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenidos".
Tras la apertura de estas nuevas diligencias previas, el fiscal anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, reclamó a la juez que recabara de la Agencia Tributaria "toda la información fiscal" que posean sobre Coast Investor "de cara a impulsar la investigación de los hechos".
Entre otros datos, el fiscal reclama el nombre de la persona que representó a Coast ante Hacienda para obtener el NIF de esta entidad, así como las declaraciones tributarias presentadas por esta empresa en los últimos cinco años.
