Gurgel se abstuvo de investigar las declaraciones contra Lula (2003-2010) debido a que el exmandatario ya no tiene fuero especial y, por lo tanto, el caso debe ser tramitado por la fiscalía del estado de Minas Gerais (sureste).
El fiscal decidió que "el ministerio público de primera instancia es el que deberá analizar las declaraciones y decidir si abre o no una investigación", explicó a la AFP un asesor de la fiscalía general.
En consecuencia, será la fiscalía de Minas Gerais la responsable de determinar la validez de la declaración contra Lula formulada por Marcos Valerio, un publicista condenado a 40 años de cárcel por su participación en la trama corrupción conocida como 'Mensalao' ('Gran Sueldo').
Dicha red desvió dineros públicos para sobornar a diputados durante el primer gobierno de Lula (2003-2007). El caso fue juzgado por el Supremo Tribunal Federal (STF) y terminó a finales de 2012 con la condena de 22 políticos y empresarios, incluidas figuras del Partido de los Trabajadores (PT), que fundó Lula, como el exministro jefe de Gabinete en la época, José Dirceu.
Después de ser condenado, Valerio dijo al fiscal general que transfirió a Lula, a través de un asesor, dinero utilizado para la compra de votos en el Congreso, lo que ha sido desmentido tajantemente por el exmandatario.
Lula, que siempre ha negado conocer la existencia de la trama de corrupción, fue excluido del juicio que llevó a cabo el STF.
Sin embargo, Valerio sugirió que Lula sabía de los sobornos otorgados a los congresistas para que aprobaran sus iniciativas, según el testimonio aportado a las autoridades para buscar una rebaja de su condena.
Al encaminar el caso, el fiscal Gurgel "no está pidiendo que se investigue a Lula. La decisión sólo le corresponde al fiscal de Minas Gerais que reciba el caso", explicó la fuente consultada por la AFP.
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