Ripoll, otra vez bajo sospecha

Ripoll, otra vez bajo sospecha:
“Esto tiene pinta a vendeta política”, apunta un funcionario de la Diputación de Alicante que acumula gran experiencia en la institución. El escándalo de la mala gestión de la empresa Geonet, una sociedad propiedad de Suma y dependiente de la Diputación, en la que se ha descubierto un agujero de 1,6 millones de euros pone en entredicho la gestión política del expresidente, José Joaquín Ripoll.
Durante los últimos meses de su mandato se han detectado facturas sin justificar debidamente por valor superior a los 113.000 euros. Una auditoria encargada por la nueva presidenta, Luisa Pastor, revela gastos en el año 2011 de viajes en fines de semana a Madrid, teléfonos móviles, comidas en las que no se detallan los comensales, gastos en floristería, ágapes en las fiestas de Fogueres y clases particulares de inglés. La presidenta de la Diputación ha encargado un informe jurídico, que estará listo la próxima semana, para determinar si se pueden demandar responsabilidades.
 El descontrol en las cuentas de Geonet es palpable, un informe de la Intervención de la Diputación constata que en 2011 la sociedad gastó el doble de lo que ingresó, con un resultado negativo de 1.421.924 euros. En esta empresa, de Suma encargada de la revisión catastral de los municipios, ha trabajado durante estos últimos años Virgilio de la Vega, hermano de la esposa del expresidente, Joaquín Ripoll, Margarita de la Vega. Los dos máximos responsables de Geonet son el gerente, Esteban González Cuchillo, y el director económico, Antonio Bo, y fueron despedidos en octubre de 2011.
La auditoria concluye que hay una gran cantidad de pagos y facturas (cuyo importe total ronda los 113.000 euros) de Geonet “no hemos podido obtener evidencia adecuada y suficiente ni explicaciones sobre la autorización y la recepción efectiva de algunos de estos bienes o servicios prestados”, y agrega que resulta imposible determinar “si la naturaleza de estos gastos está relacionada con la actividad de la empresa y si son necesarios”. Pero el dilema está en saber quién se benefició de esas comidas, viajes y compras. “El que autoriza el pago es la misma persona que supuestamente lo disfruta, pero sin concretar detalles, ni el objetivo del gasto”, admiten fuentes de la Diputación. El escándalo de Geonet quizá “sea legal, pero es poco ético”, agregan.
En el informe de la auditoria realizado por la empresa Mazars figuran 25 facturas a cuatro empresas y dos despachos de abogados, entre las que destacan, entre otros, nueve pagos mensuales, de 2.400 euros a uno de estos bufetes, siete facturas más de 4.000 euros a una consultoría técnica de arquitectura y otros 12.780 euros a otra empresa técnica de informática.
El informe concluye que en todos estos casos se refieren a trabajos que “no hay evidencia documental” de que se prestaran. Y luego figura una larga lista de facturas poco claras. Entre ellas, los 514 euros en comidas, desayunos y compras de cargadores en El Cortes Inglés, entre febrero y abril, hay tres tiques de gasolina de entre 500 y 600 euros cada uno de ellos.
El gerente Esteban González Cuchillos pasó gastos de representación en Madrid y Castellón por valor de 1.264 euros, que coincide en fin de semana y sin especificar los beneficiarios, y otros seis viajes a Madrid en los que se gastó una media de 2.000 euros por cada uno de ellos. También figuran noches de hotel en fin de semana en la capital de España, dos de estos por valor de 1.455 euros, y otras facturas de agencias de viajes por varios desplazamientos sin acreditar.
Por otro lado, la auditoria desvela que la mercantil pagó 32.889 euros a una consultora privada externa para elaborar un informe que tenía como objetivo aprobar una subida de sueldo a los directivos. Y por si faltaba algo, detecta la desaparición de media docena de ordenadores portátiles, además de gastos de 26 teléfonos móviles que gastaron en un mes 11.785 euros, y el resto de meses una media de 2.500 euros.